Desde la web los vecinos protegemos el patrimonio

En una nota publicada en el diario La Nacion, se comentó el accionar de muchos grupos porteños para cuidar el patrimonio porteño. Es interesante encontrar puntos en común entre todos los que luchan por preservar la identidad barrial. Aquí una reproducción de la nota en sus puntos más importantes de la nota realizada por Diana Salinas Plaza.

Se movilizan para lograr su objetivo: salvar edificios, monumentos, plazas y conjuntos barriales de alto valor histórico. Tanto es así que, en 2009, lograron que se abriera una Defensoría adjunta que recibe sus denuncias; que se sancionara una ley que modifica procedimientos legales para demoler edificios; que se frenaran demoliciones, y hasta que el gobierno porteño diera marcha atrás en los trabajos que hacía sobre algunos monumentos.

Estas iniciativas individuales muchas veces terminan dando forma a asociaciones más grandes. Ya hay más de 44 organizaciones en una red que funciona bajo el nombre de Queremos Buenos Aires.

Miren el caso de las escalinatas del cementerio de la Recoleta. Un vecino del barrio, integrante de la organización Basta de Demoler, paseaba un domingo por la zona y observó que parte de las escalinatas de la entrada de honor habían sido destruidas. A través de denuncias a la Defensoría del Pueblo y correos electrónicos de protesta a arquitectos y vecinos, se detuvo la obra del gobierno de la ciudad que estaba construyendo allí rampas. Según argumentaron los vecinos, se podían construir en otros accesos, sin tener que demoler el valiosísimo mármol de Carrara de las escalinatas, construidas por Juan Antonio Buschiazzo en 1881.

En la mayoría de los casos, los vecinos acuden a la Defensoría del Pueblo. Pero cuando la demolición es inminente, presentan recursos de amparo y a veces ellos mismos inician el proceso de catalogación, que implica un prolongado trabajo.

“En Buenos Aires, la protección patrimonial pasó de ser un asunto profesional a una militancia de miles de vecinos”, dijo Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto encargado de proteger la preservación arquitectónica, cargo inaugurado en mayo de 2009.

“Este cambio en la mirada de la protección trajo aparejado que se hayan logrado salvar innumerables edificaciones que corrían riesgo ante el mercado inmobiliario. En total, recibimos mensualmente un promedio de 15 a 20 denuncias de los vecinos. Y entre julio y diciembre, recibimos 100 consultas”, detalló Gómez Coronado. “La participación vecinal hizo que en cada cuadra tuviéramos «inspectores», lo que trajo de la mano una especie de control.”

“Todos los que estamos en defensa del patrimonio lo hacemos por pura vocación. Sentimos pasión por el lugar donde vivimos”, expresó Patricia Barral, una de las vecinas de San Telmo que lideró la preservación de los adoquines en la calle Defensa, cuando una obra pública del gobierno de la ciudad intentó transformar el diseño de la histórica calle.

Producto de la acción vecinal, en 2009 se logró la protección de la casa del Virrey Liniers; la preservación del adoquinado de la calle Defensa, entre Independencia y Chile, en San Telmo; la preservación del conjunto barrial de Barracas; la conservación del estilo de la plaza Colombia.

La movida generalmente termina en la conformación de agrupaciones que ad honórem se dedican a recibir y gestionar los pedidos individuales o barriales. Así nació Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito, Palermo Despierta, la Asociación Amigos del Lago de Palermo y Salvar a Floresta, entre otros.

Respuesta en la Legislatura porteña
Uno de los triunfos de la movilización vecinal fue, el año pasado, la sanción de la ley 3056, que amplió una norma vigente y determinó que todo edificio construido antes de 1940, en toda la ciudad de Buenos Aires, debe ser evaluado en sus características arquitectónicas y patrimoniales si se quiere demoler. Antes, eso sólo ocurría con los edificios ubicados en las áreas de protección histórica, en las que los inmuebles no pueden ser modificados. Pero en el resto de la ciudad, las viviendas de valor eran constantes víctimas del mercado inmobiliario. Los trámites de catalogación podían demorar hasta tres años.

Fuente: La Nación

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