(CABA) Los usuarios de telefonía celular que tengan las llamadas líneas prepagas -aquellas que no requieren de abonos mensuales y en las que se paga lo que se usa, con opciones de recarga- tienen plazo hasta fin de año para registrarlas a su nombre: a partir de entonces, comenzará a regir la tercera etapa del plan de control de comunicaciones móviles, en la que las tarjetas SIM que no estén nominadas serán bloqueadas.
“Para fin de año, todos los que tengan una línea prepaga deberán registrarla marcando *234# en el celular”, dijo a La Nación la presidenta del Ente de Comunicación Nacional (Enacom), Silvana Giudici.
La resolución conjunta 6 – E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad instruyó al Enacom la instrumentación de la resolución 8507/16 para la nominación de líneas. Es una de las “patas” del programa de control de telefonía celular, que incluye, en su fase dos, la medida que comenzó a regir ayer: el bloqueo de los equipos que hayan sido denunciados como robados, perdidos o adulterados.
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La nominatividad prevé el registro y la validación de la identidad del titular de las líneas celulares, lo que permite, además, la identificación del equipo asociado. En el país hay actualmente 45 millones de líneas prepagas y solo la mitad están registradas a nombre de una persona física o legal.
Con la obligatoriedad de que los usuarios registren sus líneas, además de la lógica depuración del parque de celulares activos, se procura un doble efecto: para los usuarios, un medio para conservar la línea ante el robo o extravío de un equipo, ya que permite hacer valer el derecho a la portabilidad numérica, y desde el punto de vista de la seguridad pública, significa contar con la capacidad de conocer la identidad de una línea ante un hecho criminal para evitar la posibilidad de que por medio de “chips prepagos activados” los delincuentes se registren bajo identidades falsas. Ese tipo de teléfonos son utilizados especialmente en el crimen organizado, como por ejemplo los secuestros extorsivos.
“Cuando tengamos el total de las líneas con nombre y apellido, ya no van a existir más las ‘cuevas’ que intenten instalar chips en teléfonos adulterados”, dijo a La Nación Giudici, quien recordó que desde la vigencia de la resolución conjunta 6 fueron denunciados como robados 3.500.000 celulares.
En todo el país hay 4200 denuncias de equipos robados por día, según informaron a La Nación desde el Enacom. Se espera que el bloqueo de los teléfonos que figuren en la “lista negra” desaliente el robo de celulares, delito que se convirtió en un verdadero problema de seguridad urbana. En lo que va del año, las denuncias bajaron un 12,5% en comparación con el año anterior, y se espera que continúe esa tendencia a partir de las medidas de control combinadas con iniciativas de vigilancia callejera.
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“Este plan comenzó hace dos años con un bloqueo de celulares robados, y ahora continúa con el bloqueo de teléfonos cuyo IMEI ha sido adulterado“, explicó la presidenta del Enacom. “Las denuncias por robo de celulares bajaron como parte de nuestro plan para erradicar este tipo de delitos y mejorar la prestación al usuario”, dijo Giudici.
En los últimos tres meses, 90 sospechosos fueron detenidos por vender celulares robados en locales y puestos informales en la ciudad. Desde mayo pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad realiza inspecciones en locales de venta y reparación de celulares para frenar la comercialización de teléfonos robados. Según se informó, estos operativos son encabezados por la Dirección de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad y cuentan con la colaboración de la Agencia Gubernamental de Control y la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos porteñas, el Enacom y la Dirección Nacional de Migraciones.
Los 90 sospechosos fueron acusados de incumplimiento de la ley 25.891 de comunicaciones y encubrimiento de robo; en los procedimientos fueron secuestrados 460 celulares cuyos IMEI (el número de serie interno de 15 dígitos que identifica a cada equipo) fueron adulterados. El 95% de los apresados son extranjeros y se clausuraron unos 100 comercios. NR
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