Gerardo Milman, diputado nacional y vicepresidente del bloque del PRO, presentó un proyecto de Ley que busca expulsar del país a los extranjeros que cometen delitos.
La propuesta surgió a raíz de que la semana pasada fueran detenidos 50 hinchas de Deportivo Cali de Colombia a quienes les decomisaron armas blancas y estupefacientes. De ellos, quince fueron deportados, de los cuales cinco tenían un ingreso irregular y el resto residía como turistas.
“No es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sido cometidas por ciudadanos extranjeros que poseen diversos estatus migratorios en nuestro país, desde miembros de organizaciones del delito organizado brasileras, como el Primer Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) en nuestra frontera norte”, señaló el diputado en el documento.
Deportaron a quince hinchas de Deportivo Cali tras hechos de violencia
Milman mencionó que “hacen diversas actividades delictivas vinculadas a la clonación de tarjetas de crédito, de bandas dedicadas a las salideras bancarias, robo de vehículos de alta gama, en fin, un sinnúmero de actividades delictivas cometidas en nuestro territorio nacional”.
“Considero de vital importancia que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que fuera derogado por Decreto N° 138/2021 en los primeros días de marzo 2021, sea establecido como Ley, ya que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y la justicia, y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta contra dicho objetivo”, argumentó.
En su cuenta oficial de Twitter, Milman añadió: “El Estado debe regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común”.
El Decreto 70 mencionado por el diputado, refiere al “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, el cual niega el ingreso y expulsa a delincuentes extranjeros con más agilidad. El mismo fue firmado en 2017, cuando el ex mandatario Mauricio Macri y su gabinete modificaron la Ley de Migraciones.
El DNU fue derogado en marzo del año pasado por el presidente Alberto Fernández, quien argumentó que este “modificaba aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones, los cuales “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
El pedido del diputado fue impulsado a partir de “la duración de los procesos administrativos y judiciales” junto al incremento del número de ciudadanos extranjeros que se encuentran dentro del Servicio Penitenciario, cifra que en el 2016 alcanzó el 21,3% de la población carcelaria.
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