Caballito es hoy en día, el barrio con más metros cuadrados autorizados a construir. En este marco, y gracias a las protestas de los vecinos y agrupaciones vecinales, la Legislatura porteña puso en estudio dos proyectos de ley para regular la construcción de torres en Caballito.
En nuestro barrio, se dio origen a las protestas vecinales contra las torres, sentando presedente para cientos de otros vecinos de otros barrios que intentan conseguir leyes similares.
Según Reporte Inmobiliario, consultora especializada en este tipo de estudios, en la primera mitad del año el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó la construcción de 158.831 m. cuadrados, mucho más que Barrio Norte, Pto. Madero o Palermo.
Los proyectos protectores de la construcción, fueron presentados por Teresa de Anchorena, legisladora del ARI, y Beatriz Baltroc, legisladora oficialista. La Comisión de Planeamiento Urbano, se estará reuniendo con algunos vecinos, aunque todavía no está definido cuándo y cuál de estos proyectos bajarían al recinto para su votación.
La iniciativa de De Anchorena, plantea que no se pueda construir edificios de más de 13,5 m de altura en la zona limitada por las calles Luis Viale, Almirante Seguí, Cucha-Cucha, Luis Viale, Repetto, Gaona. También en el área comprendida por Biedma, Gaona, Martín de Gainza, Ampere, Honorio Pueyrredón, Aranguren, Rojas, Planes, Nicasio Oroño, Felipe Vallese, Neuquén.
El segundo proyecto, de la kirchnerista Baltroc, es más general y complejo. Propone distintos tipos de altura máxima según las distintas zonas del barrio: 14,5 metros en las áreas residenciales; 17,5 metros sobre avenida Directorio; y 24 metros en las zonas comerciales, entre otros límites.
Cabe recordar que, con sus marchas y acciones judiciales, los vecinos de Caballito (y de otros barrios) lograron que desde presidencia y la Legislatura comenzaran a analizar el Plan Urbano Ambiental, e impusieran nuevas regulaciones a la construcción como, por ejemplo, que los constructores que quieran hacer obras en Caballito, Coghlan, Villa Urquiza, Palermo y Villa Pueyrredón deban presentar un estudio de impacto ambiental y conseguir un certificado de AySA que garantice que el edificio no afectará al tendido de agua y cloacas, o que la Legislatura apruebe una ley para exigir esos certificados en todos los barrios y también de gas y luz (regirá desde julio).
Fuente:
Clarín
