Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Quieren vender el mítico Luna Park para construir una torre de oficinas

(CABA) Juan Carlos “Tito” Lectoure no quería saber nada con la posibilidad de que su Luna Park fuera declarado Monumento Histórico Nacional. Suficiente era para el promotor de boxeo que ayudó a consagrar a trece campeones mundiales argentinos que tuviera que lidiar con las amenazas de la verdadera propietaria del estadio, su tía política para todos -y compañera y amante en la intimidad-, Ernestina Devecchi de Lectoure, que amenazaba con “vender de una vez por todas ese amante caro” que ya no dejaba plata.

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Porteño de ley, Lectoure aceptó que en 2001 la Ciudad declarara al Palacio de los Deportes como Sitio de Interés Cultural, un detalle inocuo. Murió meses después y no vivió para ver la pelea por el control de ese viejo galpón donde velaron a Gardel, se realizó el acto nazi más grande fuera de Alemania, se conocieron Eva y Perón, deslumbró Nicolino y se casó Maradona.

En 2007, Esteban Livera, sobrino de Tito y heredero natural, fue contra la voluntad de su tío y logró que Néstor Kirchner firmara el decreto 123/07 para declarar al Luna Park Monumento Histórico Nacional. La gestión del entonces vicepresidente Daniel Scioli fue fundamental.

El sobrino de Lectoure -desplazado de la gerencia y con una denuncia penal a cuestas por el presunto robo de un libro de balances- logró su cometido luego de que se frustraran ventas por US$ 23 millones. Quería evitar la desaparición del estadio. El abogado Pedro Antonio Albitos, hijo de un histórico mayordomo del Luna Park, y apoderado de una Ernestina ya postrada, lo lamentó.

En 2013, tras la muerte de Ernestina se abrió el testamento. El 95% del Luna Park fue legado en partes iguales a Cáritas, que depende del Arzobispado de Buenos Aires, y a la orden salesiana de San Juan Bosco. Ese mismo año, Jorge Bergoglio, que solía ordenar sacerdotes en el estadio, fue ordenado Papa. Felices los Niños, de Julio César Grassi -que ofició el velorio de Lectoure- había desaparecido del testamento en 2002, tras las denuncias por abuso infantil. Tiempo después la Iglesia compró el otro 5% del Luna, que era propiedad de Tito y heredaron sus hermanas y sobrinos. La denuncia penal contra Livera se archivó.

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En abril de 2015, un plan de reforma llegó hasta el mismísimo Vaticano de la mano del productor de televisión Adrián Suar y de su hermano. En la audiencia con Guillermo Karcher, secretario personal del Papa, los empresarios presentaron planos y maquetas de un proyecto que planeaba convertir el galpón de Bouchard y Corrientes en un centro ecuménico multirreligioso. Trascendió que la idea había sido bien recibida y hasta se especulaba con una posible inauguración en 2017, pero el tema nunca más reapareció en la agenda.

Tampoco hubo novedades del interés inicial e informal de la productora Time for Fun de quedarse con la propiedad.

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Ese año, en cambio, trascendió que la Curia estaba interesada en vender el inmueble para construir torres de oficinas. El rumor terminó con una negativa que habría llegado desde Roma.

Ahora, dos años después, los dueños del Luna Park otra vez intentan deshacerse de él para que se levante en su lugar un edificio de oficinas como los que lo rodean. Es un secreto a voces que un grupo inversor europeo está interesado en la operación.

La profecía de Lectoure, sin embargo, está viva. “La declaración de Monumento Histórico es una expropiación encubierta”, se resignan en Corrientes y Bouchard. Albitos –“el único abogado que nunca fue a juicio”, según lo describía Tito- sigue asesorando a los nuevos dueños del Luna Park. Como en el pasado, promueve su venta y no atiende las consultas periodísticas.

En el Arzobispado prefieren el silencio; también en la oficina de inmuebles. Joaquín Mariano Sucunza, obispo auxiliar de Buenos Aires, es quien administra el patrimonio de la Curia. La Iglesia necesita fondos para suplir los $130 millones destinados a sueldos que todavía salen de las arcas del Estado y a los que renunció voluntariamente. La venta del Luna Park llenaría ese vacío durante años.

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Para poder conseguir la cifra sideral de la que se habla -más de US$ 40 millones- necesitarían que la Comisión de Patrimonio Cultural cambiara la preservación estructural del edificio y de la histórica fachada. Acaso más imprescindible sería que la Ciudad modificara la zonificación de la manzana, declarada Área de Protección Histórica. Para esto, habría que reformar el Código Urbanístico sancionado en enero. Esto necesitaría la aprobación de la Legislatura, donde el tema ya llegó a oídos de algunas espadas del oficialismo.

Horacio Rodríguez Larreta ordenó que el subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro de la Ciudad, Rodrigo Cruz analizara la situación. El jefe de Gobierno se reúne todos los meses con el arzobispo Mario Poli. Su relación es tan estrecha que -a pedido del prelado- incluyó a Pilar Bosca como candidata a legisladora. Cerca del jefe de Gobierno rechazan que Poli haya abogado por el cambio catastral.

En el Ejecutivo porteño aseguran que una modificación para una hipotética edificación es casi imposible. Requeriría el acuerdo de las dos instituciones propietarias y el visto bueno de la Legislatura y de la Comisión de Patrimonio, que depende de Nación. “De todos modos, Buenos Aires necesita otro estadio a su altura”, argumentan. NR

Fuente consultada: Clarín

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