El 1 de abril se fugaron ocho presos de la Alcaidía Número 1 de San Telmo. Fue el detonante de una interna política de alto voltaje entre Jorge Macri y Patricia Bullrich. El Jefe de Gobierno apeló a aquel acontecimiento para presionar al Gobierno Nacional por el colapso de las comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente de la fuga, el alcalde concedió una entrevista radial y apuntó contra el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Necesitamos que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de trasladar y alojar a los presos porque es su responsabilidad y cuenta con el personal capacitado para hacer esta tarea”, fustigó el mandatario en un comentario que también replicó en su cuenta oficial de X. Sus declaraciones fueron receptadas como un casus belli en Avenida Gelly y Obes 2289.
“Una comisaría es un lugar preparado para que alguien esté unas horas, no para que esté detenido días. Eso provoca varias preocupaciones. La comisaría está preparada para tener a alguien durante un rato y luego derivarlo”, amplió su crítica Macri durante aquel reportaje con Radio Continental.
Patricia Bullrich se enojó cuando conoció las declaraciones del Jefe de Gobierno. Incluso, motivó discusiones privadas entre ambos. “Jorge no tuitea por enojo, es porque los presos no son nuestros”, deslizó a este medio un colaborador cercano del alcalde de la Ciudad.
No obstante, el diálogo no se discontinuó -aunque con tensiones-. Tanto la Ciudad como la Nación buscaron alternativas para encontrar una solución a la compresión que viven las comisarias porteñas. El problema radica en que en 2020 había 60 detenidos en las alcaidías de CABA y hoy hay 2005.
La ciudad tiene una capacidad de alojamiento para 1.041 detenidos. La situación es crítica, dado que la saturación duplica las plazas disponibles en CABA. Según los datos que reporta el Gobierno porteño, de esos detenidos, el 94 por ciento corresponden a intervenciones de la Justicia Nacional o Federal.
Es el principal argumento que utiliza Macri para presionar a Bullrich. Desde que asumió como funcionaria nacional, el Ministerio de Seguridad pasó a tener bajo su órbita al Sistema Penitenciario Federal (SPF). Antes estaba era responsabilidad del Ministerio de Justicia, que tiene la articulación con el Poder Judicial. Bullrich consideró que controlar el SPF le daría más poder para gestionar la seguridad en lugares críticos como Rosario.
Es en este marco que la Ciudad redobló la presión sobre Bullrich y la Nación para derivar detenidos de las comisarias porteñas al SPF. La ministra de Seguridad le dijo a Jorge Macri en una reunión que mantuvieron que le enviara 90 presos por semana para los penales federales.
Pero el tema no avanza. La Ciudad alega que el SPF le exige requisitos imposibles de cumplir. “Nos piden, por ejemplo, que de esos 90 detenidos les mandemos 15 de una edad determinada imputados por un delito puntual, otros 30 que sean sólo varones a partir de tal edad, y así”, explicó un funcionario que frecuenta Uspallata. El argumento señala que la Nación plantea exigencias muy específicas para “filtrar” y reducir la cantidad de detenidos que recibe.
Es que el SPF, según la información oficial, también está colapsado y vive una situación crítica. Conforme le indicaron a este medio desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, los penales federales tiene 11.361 plazas y actualmente tienen a 11.453 alojados.
Jorge Macri conoce esa situación, aunque insiste en que la Ciudad está “saturada” con detenidos que “deberían ir al SPF”. Y analiza que el SPF encontró un “confort” en no recibir más presos dado el contexto que atraviesa.
Es en este marco que el Jefe de Gobierno de la Ciudad la llamó a Bullrich para informarle del plan que presentó hoy y la invitó para que lo acompañe durante el anuncio. Los arquitectos institucionales de la decisión de Macri son Waldo Wolff, ministro de Seguridad, Diego Kravetz, secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, y Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño. Ese trío diseñó el esquema y articuló con la Nación para ejecutarlo.
El plan de Jorge Macri
Macri propone un plan de tres ejes para descomprimir las comisarias porteñas. Por un lado, creará más alcaidías y módulos de detención, que le darán más plazas a la Ciudad. Segundo, incorporarán tobilleras electrónicas para los reclusos, para utilizarlas cuando la Justicia lo disponga. Tercero, gestionarán ante el Poder Judicial para acelerar la extradición de los detenidos condenados (o procesados) que sean extranjeros.
El otro pilar del plan es retomar las obras del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar a los presos de la cárcel de Devoto, tal como se comprometió a hacer la Ciudad. Según indicó el Gobierno porteño, esa obra estará terminada a finales de 2025. Surgió por un convenio firmado con la Casa Rosada.
La Ciudad financiará la construcción de la cárcel en Marcos Paz, que será para el Servicio Penitenciario Federal, a cambio de que la Nación le libere Devoto y le ceda esos terrenos al Gobierno porteño -que hoy son federales-. Macri planea habilitar ahí inversiones para darle otra fachada y explotar económicamente el lugar. Aunque aún no reveló detalles de qué destino le darán finalmente.
Respecto al primer punto, la Ciudad construirá una Alcaidía Central en la zona sur que tendrá 300 plazas para alojamiento de detenidos. Además, se instalarán 19 módulos de detención, equipados y preparados para 300 detenidos. Estarán distribuidos en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4d, de Barracas.
Respecto a las tobilleras electrónicas, se trata de un mecanismo de rastreo que permitirá controlar a los detenidos en tránsito y también a los que tengan arresto domiciliario con la garantía necesaria. Estarán monitoreadas las 24 horas.
En 2023, en la Ciudad se fugaron 41 presos. Según datos de Uspallata, en lo que va de 2024 ese número se redujo. No obstante, el Gobierno porteño detuvo un 22% más de delincuentes por robo y hurto que el año pasado -en idéntico período-. La Policía de la Ciudad detuvo a más de 80 delincuentes por día desde el 10 de diciembre, según cifras del Ministerio de Seguridad de Waldo Wolff.
La interna del PRO detrás de la situación de las comisarías porteñas
Jorge Macri exhibe una política más dura de seguridad, en línea con lo que fue su agenda de campaña. El dirigente identificó que una parte de los porteños exigían esa bandera, por eso apeló al concepto de “orden” como eje de su mensaje proselitista. Es una palabra que replica habitualmente en sus discursos.
Es en este escenario sobre el cual se concretó la foto de Macri con Bullrich. Dos dirigentes políticos de peso en el PRO. Aunque no lo exterioricen en público, si bien la seguridad y la situación carcelaria es un tema concreto, de fondo subyace entre ambos una puja de poder que sobrevuela en el partido amarillo.
Bullrich rivaliza en el PRO con Mauricio Macri. Mientras Jorge Macri está atento en la Ciudad por el armado político que ejecutan Javier y Karina Milei con el sello de La Libertad Avanza. Es algo que el ex Presidente también observa de cerca, por ser CABA la casa matriz de su partido.
La foto del Jefe de Gobierno y la ministra de Seguridad de hoy fue un gesto de distensión política. Un paso para contribuir en la solución de la situación carcelaria. Y, acaso, para ordenar el frente interno del PRO y la convivencia con La Libertad Avanza.
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