(PBA) La oposición bonaerense parece haber adoptado una posición más activa respecto de la polémica por la salida compulsiva de presos en la provincia de Buenos Aires. Quiere que se evalúe a cada uno de los jueces que adoptaron resoluciones favorables a la prisión domiciliaria de los detenidos en distintas unidades penitenciarias de la provincia. Y, en caso de registrar alguna anomalía, activar el juicio político contra el magistrado.
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En la versión bonaerense de Juntos por el Cambio consideran que el foco de la opinión pública se ha puesto en el polémico fallo del juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, con el habeas corpus colectivo que beneficiaba a unos 700 presos. Pero creen que no se ha realizado un trabajo pormenorizado para determinar cuál fue el desempeño de otros jueces que también optaron por la prisión domiciliaria, presuntamente, en casos de delitos leves y de riesgo por el coronavirus.
En consecuencia, la oposición presentó un proyecto de ley para la creación de una Comisión Especial que realice un seguimiento de los programas y políticas públicas ejecutadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en relación a los internos, detenidos y liberados, como asimismo de los agentes penitenciarios.
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“No es admisible que se utilice una pandemia para mandar a sus casas a quienes mataron, violaron o saquearon al Estado. Queremos averiguar si los arrestos domiciliarios tienen que ver con factores de riesgo ciertos y acreditados o si, por el contrario, se utilizó al COVID-19 como una excusa para vaciar las cárceles y liberar delincuentes peligrosos para la sociedad”, afirmó a Clarín el jefe del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, autor del proyecto acompañado por el bloque.
Entre las funciones de la Comisión Especial están las de solicitar el informe de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof así como del Ministerio Público, requerir información al Servicio Penitenciario Bonaerense y a los tribunales ordinarios de justicia de la provincia.
Aunque el punto central es que, a modo de conclusión y tras el análisis de los casos, la comisión de legisladores podrá presentarse ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para solicitar el juicio político a aquéllos jueces que hayan incurrido en mal desempeño. Esto es, que hayan dictado, por ejemplo, la prisión domiciliaria a casos de abusadores, femicidas, pedófilos u otros delitos violentos.
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“Sí un arresto domiciliario fue concedido en cumplimiento de la ley y para personas en situación de riesgo, en función de la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige a los Estados garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, es una cosa. Ahora, si ésos arrestos domiciliarios fueron concedidos sin fundamentos ni pruebas claras vamos a elevar cada caso a la comisión bicameral de enjuiciamiento para que analice si existe mal desempeño o delito cometido por los Magistrados que otorgaron las mismas”, detalló Abad.
“Estamos de acuerdo en que hay que evaluar el desempeño de los jueces siempre, más allá de este caso en particular. Los jueces deben ser evaluados, y también en este caso”, aseguró Maricel Etchecoin diputada provincial por la Coalición Cívica.
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La iniciativa propone que la Comisión Especial sea integrada por nueve legisladores designados y respetando la proporcionalidad de la Cámara y que toda la representación política esté sentada a la mesa.
Pero la oposición se guarda otra carta. Un legislador macrista reveló a Clarín que senadores y diputados están trabajando junto a un cuerpo de abogados en el estudio pormenorizado de lo actuado por el juez Violini, en el ejercicio de la presidencia de Casación durante la pandemia. Para ello, recolectan antecedentes de varios casos particulares. “Las primeras conclusiones indican mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, lo que amerita la posibilidad del inicio de un jury de enjuiciamiento”, destacó la fuente.
En la ofensiva opositora, admiten, mucho tuvieron que ver las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, cuando en medio de la polémica por la masiva salida de presos aseguró que “nadie sabe a quién se liberó y dónde están”, y luego dijo no tener “ninguna duda” sobre la existencia de “juzgados y comisarías tarifadas”. NR
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