(CABA) Este martes, en otro capítulo de la batalla que enfrenta a Uber y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña ratificó el fallo que obliga a los operadores móviles de Argentina a bloquear el acceso a los servicios provistos por la empresa Uber en el país, en virtud de contravenciones relacionadas con regulación local de transporte.
La medida, que ya había sido tomada en abril de 2017 y en febrero de este año, fue rechazada por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la GSMA (una organización internacional de operadores móviles) expresaron su preocupación y llamaron a “las autoridades judiciales y al organismo regulador ENACOM” para que se deje sin efecto el requerimiento, por considerarlo una medida de última instancia.
“El bloqueo de contenidos y servicios de internet constituye una medida extrema que tiene potenciales efectos nocivos sobre la integridad y seguridad de la red y de ningún modo constituye una solución al problema de fondo”, señalaron los organismos.
Frente a los reclamos de ilegalidad, el argumento repetido de Uber en cada ciudad donde desembarca con su servicio es que los pasajeros tienen quejas respecto de los taxis tradicionales, sus precios y el trato de los conductores. En cambio, su servicio propone un trato más personalizado, informal, pero a la vez amable, y autos en mejores condiciones.
En un punto intermedio, están quienes sostienen que la opción no debería ser extrema: taxis tradicionales, sucios y caros versus ubers modernos, baratos y limpios. En favor de la empresa de Silicon Valley, su llegada a distintas urbes motivó el debate sobre sistemas de transporte que debían mejorar, en otros casos modernizarse y, en otros, recibir más controles por parte del Estado. La cuestión no es si la tecnología debe incluirse o no en el sistema de transporte, sino bajo qué condiciones.
Juan José Méndez, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, es parte del equipo de trabajo del PRO, un partido de gobierno que encuentra en el discurso de la innovación tecnológica un aliado para promover sus políticas. Junto con sus equipos técnicos ya está pensando cómo adaptar la ciudad a la llegada de los vehículos autónomos, cómo mejorar el intercambio de información con aplicaciones de tránsito como Waze y cómo aplicar sistemas de reconocimiento de patentes para controlar los taxis.
Pero ante la sola mención de la empresa Uber, el funcionario es categórico: la compañía es nociva para la ciudad. Para él, el problema no es la tecnología, sino cómo congeniar los intereses económicos de las empresas con el beneficio social de las políticas.
Antes del lanzamiento de Uber en Buenos Aires, Méndez recibió la visita de Carl Meacham, un lobista de la empresa y exasesor republicano en el Senado de Estados Unidos. “Tuvimos una reunión muy cordial. Le explicamos las reglas de la ciudad y nos dijo que iba a recomendar a la compañía cumplir con todas las leyes. Pero tres meses más tarde, la empresa comenzó a operar sin cumplir con nada. Ahí empezó el problema”. Desde el inicio de las operaciones de Uber en territorio porteño, la secretaría a cargo de Méndez fue tajante en su decisión. “Uber hizo todo de manera ilegal: no pagó impuestos, no cumplió con los controles a los conductores, no operó con licencias profesionales ni vehículos habilitados. En un mercado donde los otros conductores tienen esos controles y pagan impuestos, nuestra función es decir que así no se hace”.
-Uber dice que es una plataforma colaborativa y una empresa tecnológica. Por eso, no necesita adecuarse a las leyes de tránsito de la ciudad.
-No. Economía colaborativa es otra cosa. Uber es una empresa que se lleva el 25 por ciento de la comisión del taxista y toma decisiones como dar de baja a un conductor ante una calificación negativa. Siempre piensa primero en la empresa y después en el resto. Eso no es colaboración.
-El director de Asuntos Regulatorios de Uber para América Latina dijo que cometieron un error en Argentina y que querían enmendarlo. ¿No tuvieron instancias de diálogo antes de llegar a la situación de enfrentamiento?
-Por supuesto. Tuvimos varias reuniones. Nos decían lo mismo que en todo el mundo: “No somos un servicio de transporte, somos una plataforma tecnológica y bla bla bla”. Nosotros les decíamos cómo eran las leyes en Buenos Aires. Que dentro de la ley podían elegir cualquier opción, pero fuera de ella no íbamos a permitir nada. Si cometieron un error y quieren hacer las cosas bien, tienen que cambiar la conducta. Si no, es como pegarle a alguien y decir: “Ay, me arrepiento”, y volver a pegarle. Uber es una organización con problemas en el mundo, con denuncias de discriminación de género, maltrato laboral y espionaje a funcionarios. Podrán ser una empresa exitosa, pero eso no les da derecho a hacer las cosas mal.
-Tenés una postura inclemente con la empresa.
-Sí. Porque como funcionario público tengo que hacer cumplir las normas. Ellos quisieron dialogar ocupando la calle. Eso es extorsión. En Londres les quitaron la licencia. Si lo hizo el alcalde de Londres, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
-¿Decís que Uber piensa que en Buenos Aires puede hacer cualquier cosa?
-Claro. Con ellos parece que hay una discusión para países desarrollados y otra para países latinoamericanos. O que le tuvieran más miedo a la Justicia francesa que a la argentina. Cuando los franceses les dijeron que los iban a meter presos dejaron de brindar el servicio hasta adecuarse a las normas. Acá pareciera que les da lo mismo. Tienen conductores imputados, condenados y una causa por evasión fiscal en la que están procesados. Y siguen diciendo: “Estamos arrepentidos, hicimos las cosas mal”. Sí, ¡pero no están haciendo nada para cambiar lo que hicieron!
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Como funcionario, Méndez recuerda que desde el inicio de las relaciones Uber apostó a un manejo informal y secreto con el Gobierno, pidiendo reuniones a escondidas para negociar las condiciones de su arribo. “Parecía que me estaba reuniendo con las FARC para negociar un cese al fuego. Un día me cansé de esos manejos y di la orden de que pidieran audiencia como cualquiera. Que no se saltearan también esa regla”.
Sin embargo, en la misma época en que llegó Uber a la Argentina también lo hizo Cabify, una plataforma y aplicación de transporte fundada en 2011 en España, que hoy funciona mayormente en España, Portugal y América Latina. “A ellos les explicamos exactamente las mismas reglas y en tres meses ya eran una empresa de remises habilitada y legal para operar en el país. Lo cual demuestra dos cosas: que se pueden hacer las cosas bien y que no estamos en contra de la tecnología”.
Fuente consultada: Brando
SN
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