“Llama la atención la cantidad de gente detenida en lugares de mucha circulación de personas por ‘consumo personal de drogas’; la escasa cantidad de estupefacientes secuestrado; las condiciones personales de los detenidos –una gran parte de ellos jóvenes desempleados- y la significativa repetición de testigos de los procedimientos que llevaron adelante las fuerzas de seguridad. Finalmente, no ingresaron causas importantes de venta o distribución de drogas; tampoco delitos conexos como la tenencia de armas (cuya combinación tiene un fuerte impacto en la sociedad) y la ausencia de detenidos por ejemplo en los casos de trata de personas”.
La conclusión corresponde al fiscal federal Federico Delgado quien, como todos los años, realizó un profundo trabajo estadístico sobre el ingreso de causas vinculadas a la infracción a la ley de drogas (la 23.737) que ingresaron a su fiscalía, la número 6 del edificio de Comodoro Py al 2000, durante un turno, esto es 15 días.
El trabajo es una radiografía de la relación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad; y la de los uniformados con la sociedad.
El resultado es una aproximación al estado de la justicia argentina, en este caso la federal. Casi el 65% de los expedientes abiertos durante un turno con las fuerzas de seguridad son por “consumo personal” de drogas, que en un cien por cien serán archivadas y esto la policía lo sabe.
Desde hace siete años, el representante del Ministerio Público Fiscal viene alertando a las autoridades que la difusión de sus hallazgos podrían ayudar a elaborar “proyecciones en el diseño de la política criminal”, y hacer que los juzgados se descongestionen de estas causas para avocarse de lleno a investigar a los verdaderos delincuentes.
Sin embargo su militancia sobre el tema parece caer en saco roto, o lo que es peor, molestar.
Veamos.
Pérdida de tiempo y dinero
“Persiste la confusión entre tenencia de drogas y narcotráfico. Un vector se vincula con la salud pública y el otro con la criminalidad, según el fallo Arriola. Pero la evidencia revela que no hay políticas públicas diseñadas e implementadas en ese sentido”, explica Delgado y abunda: “Por esa razón se consume tiempo, dinero y energía en casos que de acuerdo a la doctrina jurídica y la jurisprudencia no pueden progresar. Sin embargo, se insiste cada vez más con ello y obviamente ese tiempo, ese dinero y esa energía es la que hace falta para los casos complejos”, como por ejemplo los de corrupción o de lucha contra bandas mafiosas organizadas, por citar apenas dos ejemplos.
El autor del libro Injusticia entiende que muchas veces la forma sospechosa en la que se inician las causas “debería generar un profundo proceso de reflexión” en el poder político –a cargo de las fuerzas de seguridad-, y del propio Poder Judicial”. Sin embargo esto no sucede.
Analizando los números desgranados por Delgado a lo largo del trabajo en su fiscalía, se concluye que en lo que va del año ya se utilizó más dinero del erario público, y tiempo valioso de los empleados judiciales que en 2017 simplemente para perseguir a consumidores, un hecho que no merece pena alguna; por eso llama la atención la insistencia de las fuerzas federales en insistir con el tema.
Repasemos los datos más significativos.
En la fiscalía federal 6 de Capital Federal, durante un turno –segunda quincena de febrero de 2018- se abrieron 418 causas.
De ese total de expedientes, el 94% de las causas involucraron hechos por infracción a la ley de drogas (392 casos) y el 6% restante se relacionaron con otros delitos de competencia federal (26 casos).
Ahora bien, de ese total de 392 expedientes abiertos por infracción a la ley de drogas, el 67,6% del total lo fueron por tenencia de drogas para consumo personal (265), lo que implica un 63% del total de causas iniciadas en el período.
Es decir que su incidencia en relación con el total de causas relevadas fue mayor que en el período anterior inmediato dado que en el turno con las fuerzas federales relevadas en 2017 significó un 56% de la totalidad de causas iniciadas.
Delgado recuerda ante Infobae: “Desde el precedente Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo. Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el análisis de la pequeña cantidad de droga que se le secuestró, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gasta dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importantes. Justamente el archivo se dio en el 100% de los casos”.
Siguiendo el análisis de esos 392 casos también se comprobó que “de las causas por comercio de estupefacientes 46 expedientes se encuentran archivadas, 44 continúan en trámite, 21 fueron remitidas por incompetencia (fundamentalmente por conexidad con otros expedientes previos en los que se investigaban las mismas personas y/o espacios) y apenas 2 fueron elevadas a la etapa de debate oral”.
De las 14 causas iniciadas como tenencia simple de droga, 4 fueron archivadas y 10 continúan en curso.
Los sospechosos de siempre
Un capítulo aparte, y del que debería tomar nota, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, merece cuando el fiscal Delgado y sus colaboradores desgranaron el conjunto de las 265 causas abiertas por de tenencia de drogas para consumo personal archivadas por el fallo “Arriola” se descubrió que el 63% de las causas se iniciaron a partir de que efectivos de la Policía Federal, Gendarmería o Prefectura, le solicitó a los presuntos infractores “la identificación y se procediera a su posterior requisa, pues se encontraban en ‘actitud sospechosa'”.
En el 7% de los casos los agentes lo hicieron porque las personas se encontraban consumiendo droga en la vía pública.
El 27% porque estaban manipulándola en espacios públicos; el 2% fue el caso de personas detenidas por otro hecho y que además tenían drogas, y en el 1% restante se detectó la presencia de drogas en aeropuertos a partir de máquinas de rayos X.
Para Delgado, la contundencia de estos resultados revela “la forma en que las fuerzas de seguridad previenen la tenencia y el tráfico de drogas. Además, la mala recepción del fallo Arriola en los ciudadanos”.
Para el fiscal, esto tiene una explicación muy sencilla: “En general se piensa que tener drogas para consumo no es delito y ello no es así. Tener drogas es delito. Sólo que en algunas circunstancias es inconstitucional su penalización”, abunda Delgado y detalla: “El 34% del total de las causas por tenencia para consumo se inició porque las personas muestran o consumen la droga en la calle. Es evidente que Arriola se explicó mal”.
Cuando la fiscalía analizó la cantidad de estupefacientes secuestrados en el total de las causas del turno analizadas el promedio es bajo y habla de la escasa calidad de los procedimientos realizados.
Las cifras son las siguientes.
Se incautó marihuana por un total de 3227,84 gramos -en promedio 10,27 gramos por persona detenida-, y clorhidrato de cocaína (fundamentalmente pasta base) por un total de 156,01 gramos, -en razón de 1,2 gramos por persona a la que se le secuestró-.
Con respecto a la fuerza interviniente en cada uno de los procedimientos, 48 causas se iniciaron por la intervención de la Policía de la Ciudad; 193 por la Policía Federal Argentina; 20 por la Prefectura Naval Argentina; 3 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y 1 por Gendarmería Nacional.
En este punto específico el estudio de la Fiscalía Federal 7 se detuvo sobre “los procedimientos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal porque los otros son numéricamente irrelevantes”.
Y lo hizo teniendo en cuenta las zonas y los espacios donde se registraron la mayor cantidad de detenciones por tenencia de estupefacientes para demostrar dónde se concentra la atención policial.
Como ocurrió en años anteriores, sobresalió el de las Divisiones de Ferrocarriles con 183 intervenciones. Las seccionales lo hicieron en 39 ocasiones. Las Divisiones especiales, Ómnibus y Subte sumaron 19
Entre las divisiones de los ferrocarriles, la que registró mayor actividad fue la línea Belgrano con 53 casos. La siguieron la línea Roca con 43, Mitre con 38, Sarmiento con 23, San Martín con 19 y Urquiza con 8.
En las 265 causas que se iniciaron por “consumo personal” los agentes detuvieron a la friolera de 506 personas. Este es el mayor número detectado por la Fiscalía desde hace siete años.
La razón, los uniformados detenía a todo el grupo que presuntamente estaba consumiendo, por ejemplo, un “porro” en una esquina o una plaza. Para la fiscalía también fue revelador detenerse a repasar los rasgos de los detenidos por tenencia de drogas para consumo personal.
Del total de los 506 detenidos y puestos a disposición de la justicia, 470 son de nacionalidad argentina, 12 paraguayas, 12 peruanas, 4 bolivianas, 3 brasileñas y 3 uruguayas. Los restantes, una persona de nacionalidad dominicana y una irlandesa.
De las 506 personas detenidas, 494 fueron hombres y apenas 12 fueron mujeres. La edad promedio de los detenidos fue de 26 años.
Repasando la situación laboral de los detenidos por “consumo personal”, se destaca que 354 aseguraron ser “empleados”, muchos de ellos en trabajos de albañilería o realización de “changas”, y 146 –un número muy alto- manifestaron estar desocupados.
Los lugares dónde mayor cantidad de procedimientos realizó la División Ferrocarriles fueron las estaciones de Retiro, Constitución, Flores y Villa Soldati.
Por su parte las comisarías labraron más actas en los barrios de Liniers, Versalles, Villa Real, Montecastro, Villa Luro, Balvanera, Almagro, Caballito, Parque Chacabuco, Boedo, Constitución y Barracas.
Los “testigos” de siempre
Para labrar las detenciones por “consumo personal” de estupefacientes, los efectivos utilizaron la presencia de 526 testigos que deberían ser ocasionales, es decir ciudadanos que pasaban por el lugar.
Sin embargo, una vez más, Delgado descubrió que los uniformados usan “testigos repetidos”. Por ejemplo, uno de ellos fue convocado nueve veces en 15 días, otra en ocho ocasiones, tres de ellos en cinco oportunidades, seis en cuatro ocasiones, cuatro en tres ocasiones cada uno, y treinta y dos fueron llamados cada uno en dos operativos distintos, algo por demás sospechoso que roza con los irregular por esa razón el fiscal ya denunció estas maniobras ante el juzgado de turno para que se investigue.
Otros delitos
Otros delitos ingresan a un turno judicial y muchas veces no se los puede investigar a fondo porque, como se observa, la mayoría de los expedientes se archivan porque se termina deteniendo a “porreros” y “paqueros”, personas, la mayoría de ellos jóvenes, que en vez de ser encerradas en una celda (sus causan en un 100% serán archivadas) deberían ser tratadas como enfermas, y el Estado debería brindarles asistencia médica y el tratamiento gratuito con personal especializado.
De las 26 causas restantes que se relacionan con otros delitos de competencia federal la mayor incidencia de causas –siete- se vinculan con la trata, ya sea en su versión de explotación sexual (privados/prostíbulos) o laboral (fundamentalmente talleres clandestinos). Del total de actuaciones iniciadas, dos causas fueron archivadas, tres fueron remitidas por incompetencia a otros fueros o para su acumulación a causas ya abiertas, y dos continúan en trámite.
“Creemos que estos números ilustran a las claras la forma en la que operan las fuerzas de seguridad en relación con la ausencia de detección de estas conductas”, expresó Delgado.
Es decir, la policía parece elegir aumentar rápidamente sus estadísticas de “efectividad” con las “operaciones” más sencillas: llevando presos a jóvenes consumidores que quedarán en libertad porque así lo determinó el fallo Arriola, en vez de perseguir y encarcelar a proxenetas y mafiosos que trafican seres humanos.
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/08/04/el-65-por-ciento-de-las-causas-abiertas-son-por-consumo-personal-de-drogas-y-todas-ellas-se-archivan/
